martes, 4 de febrero de 2014

FINANZAS PERSONALES EN LA EMPRESA FAMILIAR




  • William Steinwascher
  • E-consulta.com
Una de las principales debilidades que afrontan los pequeños y medianos empresarios es mezclar sus finanzas personales con las finanzas de sus negocios, y cada día de una manera más compleja haciendo confusa la diferencia entre ambas, lo que eventualmente generará problemas de salud financiera en los entornos personales, familiares y empresariales. Si bien es cierto, los emprendedores encuentran viable y rentable financiar sus emprendimientos con su propia capacidad crediticia, con el tiempo estas ventajas se van convirtiendo en desventajas cada vez más problemáticas.

Es indudable que ningún emprendedor puede iniciar un negocio sin haber aportado recursos propios. La venta de artículos personales (tales como relojes, colecciones, autos, etc.) así como el financiamiento vía créditos personales (tarjetas de crédito y préstamos personales como los de nómina, automotrices e hipotecarios) permiten a los emprendedores adquirir recursos y capital de trabajo necesarios para el inicio de sus operaciones. Estas formas de endeudamiento personal que realizan los emprendedores es buena y apropiada sólo si se usa para el arranque de su negocio, más no para sus operaciones cotidianas. Contablemente, estos esfuerzos iníciales constituirán el capital aportado por el emprendedor como accionista del negocio, y conforme la empresa vaya generando utilidades servirán para retribuir al emprendedor y este pueda pagar las deudas como justificar los ingresos que solventaron estos gastos.

Uno de los principales dilemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, familiares o no, es la formalidad de sus actividades. La formalidad en una pequeña y mediana empresa en apariencia es demasiado desventajosa, esto principalmente porque  hay que pagar impuestos y tener personal administrativo para el control de las transacciones que afecta negativamente a la competitividad del precio de los productos y servicios. Muchas veces la informalidad resuelve el problema de la competitividad de los emprendimientos, especialmente porque se puede comprar y vender sin impuestos y sin tanto personal. Sin embargo, dejar de facturar impide determinar el verdadero volumen de transacciones de la compañía, esto es, saber cuánto vende realmente, en dinero como en unidades, así como el porcentaje de sus ventas al crédito como de sus ventas al contado, y mucho menos la duración de sus plazos de cobranza. Tampoco permite determinar cuáles son los costos y gastos reales de la empresa, lo que hace imposible conocer las utilidades reales de la compañía y su capacidad de pagar dividendos. Para muchos empresarios esta información es innecesaria, ya que con saber cuánto es su margen de compra/venta o qué tanto dinero ingresa diariamente a si negocio es suficiente.

Lo expresado en el párrafo anterior es una realidad que pueden enfrentar muchos empresarios individuales o familiares durante años y no experimentar inconveniente alguno. Estas dificultades las encuentran cuando por alguna presión personal, familiar o empresarial el empresario necesita incrementar sus ventas, recurrir a mayores compras de insumos o materiales, aumentar el porcentaje de ventas que hace a crédito, ampliar su capacidad productiva, instalar nuevas ubicaciones de ventas o renovar su equipo obsoleto, en donde deberá recurrir a proveedores de fondos para financiar grandes y ocasionales requerimientos de capital. En este momento el empresario tratará de financiar este crecimiento con créditos de instituciones financieras, pero ante los requerimientos de información financiera de su empresa no tendrá registros, actividad o historial comercial suficiente para que la evaluación crediticia lo apruebe. Ante esta situación, no quedará le quedará al empresario más solución que realizar la operación con créditos personales o aportar una propiedad personal como garantía del crédito empresarial. El inconveniente de utilidad créditos personales es que el costo financiero (intereses más gastos administrativos) no podrán ser deducibles de impuestos aumentando el costo de la operación para la empresa por un lado, y quedarán como activos a nombre del empresario por otro, lejos de la empresa familiar.

Otra práctica en la que los empresarios pueden financiar situaciones anómalas o estacionales es a través de las tarjetas de crédito. Estas transacciones brindan acceso crediticio a los empresarios para el pago de insumos o liquidez para el pago de gastos inmediatos. El costo es mucho más alto, pero les permiten salir adelante en alguna contingencia. Sin embargo queda sujeta a la evaluación subjetiva del empresario, es decir, que el período de contingencia sea mucho más largo de lo que estimó y el pago de los compromisos financieras asfixie la capacidad financiera del empresario o aumente exageradamente el costo del financiamiento. La informalidad también genera un comportamiento opuesto, que es que la empresa pague los gastos personales de los empresarios, así como el de sus dependientes. Si bien es cierto, la mayoría de estos gastos no son deducibles por las empresas, pero serán considerados como dividendos a pagarse por la empresa, aunque la empresa haya tenido ganancias o no.

Toda empresa, familiar o no, debe tener la propiedad de los activos que permiten su actividad productiva, o al menos ser la que tenga los derechos de explotación de esos activos a través de contratos de arrendamiento. Cuando los empresarios adquieren los activos de manera personal y retienen su propiedad lo que hacen es que la empresa debilite su capital social y su capacidad de endeudamiento. En el largo plazo, esto es mortal para la sucesión de toda empresa familiar porque la empresa y sus activos se distribuirán de manera independiente bajo procesos legales diferentes, los que generarían que herederos ajenos a la empresa familiar tengan la capacidad de privarla de los activos que requiere para su operación normal, dificultando la dirección y el control del sucesor en la empresa familiar.

·  Nota: En los dos siguientes párrafos el autor hace referencia a aspectos de tipo tributario aplicables en México a partir del 2014.